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24.07.2019

De nuevo, una sentencia aboga por la educación inclusiva en España

El TSJ ha fallado en favor de la escolarización de una niña con Trastorno Específico del Lenguaje en un centro ordinario, junto al resto de los niños.

Laura deberá estudiar en la misma clase que el resto de sus compañeros, a pesar de tener un Transtorno Específico del Lenguaje (TEL). Así lo ha decido la Justicia, que ha dado otro paso hacia la educación inclusiva. Laura, de nueve años, había sido dirigida a un aula específica dentro de su colegio “que dispone de los recursos para la atención educativa específica requerida por la menor”, según estableció el centro escolar. Tal y como ha dictaminado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, esta situación en la que se apartaba a la menor era algo que no favorecía su inclusión.


Según ha argumentado el juez, en el caso de Laura se estaba produciendo una vulneración de los derechos fundamentales de la menor.  La Administración no había agotado “las posibilidades de una modalidad más integradora como la de mantener a Laura en una clase ordinaria, con medidas o refuerzos externos”. Por ello, la reciente sentencia obliga a la Consejería de Educación a garantizar que Laura estudie en la misma clase que el resto de los niños de su colegio y a dotarle de los medios necesarios para ello.


Esta es la primera vez que un dictamen judicial aboga por la inclusión efectiva de un alumno con necesidades educativas especiales dentro de un centro ordinario.  Según explica al eldiario.es Carme Fernández, presidenta de la Fundació Gerard, “lo más relevante de este caso es que concluye que un aula específica en un centro ordinario reduce las posibilidades de inclusión de una alumna” de apoyo a la inclusión. “Y esto es fundamental, porque las administraciones venden las aulas específicas como inclusivas”, añade.


Para los padres de Laura, la sentencia del Tribunal Superior es una noticia muy positiva. “Estamos muy contentos”, afirma María, madre de Laura. “Siempre tuvimos claro que queríamos el aula ordinaria. Esto no era una cuestión educativa o sanitaria. Es un tema social, queríamos evitar la muerte social de mi hija”, explica.


Derechos de la Convención

Para dictar esta sentencia,  el juez Andrés Salas, del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Almería, se ha apoyado en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó en 2007. Este tratado internacional obliga a los estados firmantes a asegurar la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Es decir, antes de enviar a un alumno a un centro de educación especial, la Administración deberá agotar todas las posibilidades a su alcance para garantizar su inclusión en un centro ordinario.

El problema, según explica Fernández, es que resulta “muy difícil que la administración acredite que ha agotado todas las posibilidades porque nunca se ponen todos los medios posibles“.

La Justicia apuesta por la inclusión

En los últimos años, han sido varias las sentencias que han favorecido la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en centros ordinarios. Una de las más destacables es la se produjo a principios de este mes de julio. En ella, los jueces abogaron por defender el derecho de una adolescente con discapacidad intelectual a elegir estudiar con o sin adaptaciones curriculares significativas. 

 

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